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Salado exige un cambio normativo sobre la ocupación de inmuebles que dé seguridad jurídica a propietarios e inversores

Diputación de Málaga
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Salado exige un cambio normativo sobre la ocupación de inmuebles que dé seguridad jurídica a propietarios e inversores

El presidente de la Diputación participa en el congreso sobre la materia organizado por la Abogacía de Málaga y los colegios de abogados de Barcelona y Mataró

“Hay que tener voluntad política para regular y evitar la ocupación ilegal, para poner en marcha un cambio normativo que dé seguridad jurídica a los propietarios y a los inversores”, afirma

También advierte del daño que este fenómeno causa desde el punto de vista turístico

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha exigido atajar cuanto antes la ocupación ilegal de inmuebles en el congreso sobre la materia organizado por la Abogacía de Málaga y los colegios de abogados de Barcelona y Mataró.

En la inauguración del congreso han participado también la ministra de Justicia, Pilar Llop; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Mari Fran Carazo, la presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega; el decano de Abogacía de Málaga, Salvador González; el decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Jesús M. Sánchez; la decana del Colegio de Abogados de Mataró, María Pastor, y la directora de Asesoría Jurídica y Cumplimento normativo de la Fundación Unicaja, Isabel Fernández.

En el acto, Salado ha afirmado que “hay que tener voluntad política para regular y evitar la ocupación ilegal, para poner en marcha un cambio normativo que dé seguridad jurídica a los propietarios y a los inversores”, y ha apuntado que lo que pasa en España no tiene parangón en Europa ni en muchos países civilizados. “Quizás sólo Portugal tiene una situación parecida, pero Alemania, Reino Unido, Holanda o Estados Unidos han articulado leyes específicas con las que han conseguido importantes avances en esta materia”, ha explicado.

El presidente ha apuntado que en nuestro país es muy difícil echar a los ocupas, ya que el procedimiento puede alargarse durante varios años, con el consiguiente gasto económico y psicológico que conlleva. Además, ha recordado que en este asunto se conjugan dos derechos fundamentales que hay que proteger: por un lado, el derecho a la vivienda y, por otro, a la propiedad privada.

Salado ha señalado que la vivienda es un “elemento básico” en el proyecto de vida de cualquier ciudadano y, como tal, hay que respetarlo, y ha manifestado que la defensa de la vivienda legítima y la inviolabilidad de los domicilios privados deben estar en la base de la regulación de este fenómeno ilegal del que también se benefician las mafias.

“Estos grupos organizados no sólo perjudican a los propietarios, sino también a personas y familias vulnerables que recurren desesperados a la ocupación”, ha apuntado el presidente de la Diputación, quien ha aseverado que estas situaciones generan incertidumbre y pueden alterar la convivencia. Frente a esta realidad, aboga por articular medidas que aumenten la eficacia frente a la ocupación y que eviten que se cargue todo el peso del procedimiento en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y en los fiscales.

Turismo e inversión extranjera

En el caso de Málaga y la Costa del Sol, Salado ha advertido del daño que este fenómeno produce desde el punto de vista turístico y del inversor extranjero.: “Hay que ofrecer seguridad jurídica y mejorar la coordinación entre los distintos agentes de los procesos judiciales”, ha insistido.

Durante los días 19 y 20 van a intervenir magistrados, abogados, fiscales, alcaldes, cuerpos y fuerzas de seguridad, asociaciones de empresarios y representantes vecinales para abordar la ocupación ilegal desde todos los puntos de vista y tratar de establecer puntos de encuentro.

Salado ha señalado que también es bueno que asista la ministra, “porque el Gobierno sabe que solucionar este asunto tiene que ser prioritario y que debe articularse un proceso específico para acelerar los procedimientos, algo que no existe actualmente en el ámbito civil”.