Diputación Provincial de Málaga. Area de Cultura y Educación. Calle Ollerías, s/n. 29012 Málaga. España

MOCIÓN SOBRE LA ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE
QUE PRESENTAN CONJUNTAMENTE TODOS LOS GRUPOS POLITICOS DE LA EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL DE MÁLAGA
Málaga, 3 de julio de 2001

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Mario Flores Urban, nacido hace treinta y seis años en Ciudad de México, se encuentra en el corredor de la muerte de la cárcel de alta seguridad de Ilinois, en el estado de Chicago, Estados Unidos, desde 1985 y ha sido condenado a morir mediante una inyección letal.
Este ciudadano mexicano, que reside en los Estados Unidos desde los siete años fue acusado de asesinar a un miembro de su pandilla en 1984, declarándose inocente durante el juicio. A pesar de ello, fue condenado a la pena capital.
La ejecución de la sentencia de muerte se ha aplazado en tres ocasiones mientras que la apelación contra la decisión judicial fue rechazada. En la actualidad se encuentra pendiente del de un nuevo recurso contra la sentencia
Mario Flores comenzó a pintar en la cárcel en 1993, “para distraer la mente de la desesperación de la prisión”, según expresión suya y el pasado mes de Abril, 47 de sus obras viajaron a España y van a ser expuestas, durante el mes de Julio del 2001, en el Centro Cultural Provincial, del Área de Cultura y Educación de esta Diputación.
Con independencia de la culpabilidad o inocencia de Mario Flores Urban, o si el juicio celebrado fue justo o injusto. la pena capital vulnera los derechos fundamentales de todo ser humano, como son el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante. Al privar a un ser humano de su vida, se le priva de todos los demás derechos.
Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, como los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y 1989, declaran, en términos generales, que todos tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Por ello, la pena de muerte es la máxima negación de los derechos humanos.
Además, la pena de muerte es discriminatoria y arbitraria y por ello es inevitable que afecte a víctimas inocentes, y niega el objetivo penal, internacionalmente aceptado de la rehabilitación del delincuentes. La pena de muerte no es una cuestión de justicia penal, sino de derechos humanos Recientemente hemos asistido, en la persona de un ciudadano español, Joaquín José Martínez, a la corrección de un error judicial que hubiera sido irreversible si se hubiera ejecutado su sentencia condenatoria de muerte.
Nuestras convicciones democráticas no pueden admitir que haya países que sigan aplicando la pena de muerte violando lo establecido en las convenciones internacionales aludidas anteriormente. En España, la abolición total de la pena de muerte es un mandato legal, con base en nuestra Constitución sumándonos así los países abolicionistas.
A pesar de que aún son muchos los países que mantienen la pena de muerte, es grato comprobar que existe una tendencia clara hacia su abolición en todo el mundo. Mientras que en 1948 sólo ocho países habían abolido por completo la pena de muerte, en 2001 esta cifra asciende a 75.
Asimismo, son muchos los países que aun no habiendo eliminado la pena de muerte de sus legislaciones, han dejado de aplicarla en la práctica, o la mantienen únicamente para delitos excepcionales, tales como los cometidos en tiempos de guerra. Sólo en la década de los 90, han sido más de 30 los países que han abolido la pena de muerte al menos para los delitos comunes. En total, el número de países que han abolido la pena capital en la legislación o en la práctica asciende a 105, mientras que otros 87 países la siguen aplicando. A pesar de esta evolución esperanzadora, no podemos cerrar los ojos ante el hecho de que siguen siendo muchos los países que continúan aplicando la pena de muerte.
Según los datos de Amnistía Internacional, en el año 1998 se llevaron a cabo en el mundo 1625 ejecuciones. Esta cifra refleja solamente los casos que Amnistía Internacional ha llegado a conocer. La cifra real de ejecuciones puede haber sido mucho mayor. Es llamativo que alrededor del 80% de estas ejecuciones tuvieron lugar en tan solo cuatro países: China (1067 ejecuciones conocidas), la República Democrática del Congo (más de cien ejecuciones conocidas), Estados Unidos (68) e Irán (66 ejecuciones conocidas).
Desde 1990 han sido ejecutados en EE.UU. más de 370 presos. Que se sepa, es el país con más condenados a muerte: más de 3500 personas aguardan en el "corredor de la muerte".
En octubre de 1999 se batió el triste récord de ejecuciones desde 1954. Setenta y siete personas han sido ejecutadas en EE.UU. a fecha de 16 de octubre de 1999. En diciembre de 1998 se batió otra triste marca: 500 ejecuciones se han llevado a cabo en una deshumanizadora rutina desde que en 1977 se reanudaran las ejecuciones. Desgraciadamente, el ritmo va en aumento.
En los EE.UU. hay actualmente condenados a muerte más de 70 ciudadanos de 22 nacionalidades diferentes. Desde 1993 se han ejecutado al menos nueve ciudadanos extranjeros.
Los Grupos Políticos que componemos la Diputación nos oponemos siempre a la pena de muerte y manifestamos nuestra voluntad de colaborar para que su desaparición de todas las legislaciones del mundo sea un hecho lo antes posible.
Por ello proponemos la aprobación de la siguiente

MOCION

1
Expresar la convicción de que la pena de muerte es un recurso equivocado para impartir justicia, y que su aplicación implica un acto cruel e inhumano, contrario a los derechos humanos, pudiendo ser aplicada de forma arbitraria creando situaciones irreversibles
2
Expresar la satisfacción por la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte, destacando que, habiendo transcurrido mas de 50 años desde la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos es un momento oportuno para que las autoridades de países que todavía la mantienen en su legislación exploren alternativas más humanas a dicha pena
3
Expresar la consternación por la situación de Mario Flores Urban, que se encuentra en el corredor de la muerte de la cárcel de alta seguridad de Ilinois, en el estado de Chicago, Estados Unidos, desde 1985 y ha sido condenado a morir mediante una inyección letal.
4
Solicitar, de las autoridades del estado de Chicago, Estados Unidos que Mario Flores Urban no sea ejecutado.
5
Expresar su identificación con las víctimas de delitos violentos y sus familiares, pero hacer constar que la aplicación de la pena de muerte a los autores de los delitos no ayuda a superar la pérdida de sus seres queridos. y provoca nuevas injusticias.
6
Dar cuenta de la presente Moción al Ministerio de Asuntos Exteriores para su traslado al Gobernador del Estado de Chicago, Estados Unidos.

Ver Exposición de Mario Flores: Arte contra la pena de muerte"

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