La Diputación de Málaga ha transferido 110 millones de euros a los ayuntamientos en los dos primeros años de mandato y ha culminado su saneamiento financiero tras la amenaza de quiebra generada por el gobierno anterior. Los principales indicadores del área de Economía y Hacienda confirman la recuperación de la solvencia de la institución, la mejora en su capacidad de financiación y el incremento de las inversiones sin nuevo endeudamiento, lo que refuerza su papel como apoyo básico de los municipios con menos recursos.

La vicepresidenta primera y responsable de Economía, María Francisca Caracuel, ha destacado en su balance de gestión que la Diputación vuelve a ser un motor de impulso inversor, como demuestra el hecho de que en los dos primeros años del PP en el gobierno se han programado 215 millones de euros por este concepto. Esta cifra ha ayudado a generar 7.000 puestos de trabajo en el conjunto de la provincia.

Así, en el plazo comprendido entre julio de 2011 y julio de 2013 se ha logrado el primer superávit en cinco años (43 millones de euros en el ejercicio 2012, frente a los 40 millones de déficit de 2011); se han cancelado 65 millones de deuda bancaria, y se ha alcanzado la mayor ejecución presupuestaria desde 2006, con un nivel superior al 70% y muy próxima al 100% excluidos los remanentes incorporados de años anteriores.

La vicepresidenta ha recordado que en julio de 2011 la Diputación estaba en quiebra técnica “con presupuestos incrementalistas, endeudamiento galopante, déficit público acuciante y baja ejecución presupuestaria”. Ha tomado como ejemplo las cuentas de 2009, las mayores de la década, que alcanzaron 280,6 millones, “un presupuesto inflado con préstamos financieros, como todos los del gobierno anterior, que situaron la deuda de la institución en 218 millones de euros en 2011, es decir, una cifra insostenible”.

A este modelo ha confrontado el actual, “con presupuestos realistas, superávit público, más inversiones financiadas con ahorro, menos deuda, vocación municipalista y planes de reactivación económica como el Plan Especial de Impulso Económico, el Plan de Inversiones Productivas o el Plan de Asistencia y Cooperación con los Municipios, que nos han permitido engrasar la maquinaria del empleo y las infraestructuras, así como las iniciativas culturales y turísticas”, ha dicho.

El último presupuesto del equipo de gobierno del PP, 2012, se situó en 218,6 millones de euros, 62 millones de euros menos que el citado de 2009. La conformación de las cuentas anuales del actual mandato se lleva a cabo sin recurrir a préstamos bancarios, algo que podría subir la cifra pero hipotecaría de nuevo el futuro de la Diputación.

En estos dos años no sólo no se ha aumentado la deuda con las entidades financieras, sino que se ha rebajado en 65 millones de euros hasta situarse en 146,5 millones de euros. Caracuel ha avanzado que la previsión es concluir el mandato por debajo de los 85 millones de débitos bancarios, “es decir, habiendo devuelto 130 millones de euros de préstamos con ingresos propios, ejecutando más los presupuestos, subiendo inversiones y gasto social y eliminando las facturas atrasadas a los proveedores”.

Sin deuda con proveedores

Sólo en los nueve primeros meses del mandato, entre julio de 2011 y marzo de 2012, la Diputación abonó 56 millones de euros de atrasos a personas físicas y empresas que le prestaban bienes o servicios. Hoy la cuantía por este concepto es de ‘cero técnico’, es decir, sólo existen las deudas ‘vivas’ o en periodo administrativo de pago. Además, el plazo se ha reducido por debajo de los 30 días, “cumpliendo así uno de los primeros compromisos que adquirimos al tomar posesión”, según la vicepresidenta.

Por otra parte, la gestión del área de Economía y Hacienda ha permitido recuperar la senda alcista del remanente de tesorería, que está en 26,4 millones de euros tras tocar un mínimo de 2,5 millones de euros a finales de 2010. “Esto se hace con austeridad, con una política responsable, que vela por la salud de la institución y por su fortaleza futura, que piensa en la provincia y no en intereses electoralistas ni cortoplacistas”, según Caracuel.

El plan de austeridad aplicado nada más llegar el actual equipo de gobierno, la reducción de 633 firmas con poder para gastar a sólo 14 y la obligatoriedad de realizar retenciones de crédito para disponer de fondos de la Diputación permitieron, ha recordado la vicepresidenta, “evitar la bancarrota y sentar las bases de lo que ahora es una institución solvente e inversora”. Además, en estos dos primeros años se ha mantenido el gasto social, como corresponde a su catalogación de prioritario para el equipo de gobierno.

Casi 70 millones de euros en contrataciones

Por último, ha repasado la actividad del Servicio de Contratación y Patrimonio, adscrito a Economía y Hacienda, que arroja un volumen de tramitación de 69,7 millones de euros entre contratos relacionados con el patrimonio provincial, la gestión de servicios públicos, los pliegos de servicios, los pliegos de suministros y los de obras.

Dentro de este epígrafe, Caracuel ha destacado los 23,2 millones anuales de la adjudicación del Servicio de Ayuda a Domicilio, los 2 millones de la recogida de animales vagabundos, los 1,6 millones de la red Ágora para romper la brecha digital en la provincia o los 600.000 euros de la remodelación de la Casa de los Colarte de Antequera para acoger el futuro Museo Provincial.

Además, el área de Economía y Hacienda ha puesto en marcha el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación, creado para resolver en menos tiempo y sin costes las impugnaciones que puedan derivarse de los procesos y concursos que lleven a cabo tanto los municipios como la propia Diputación.

La principal ventaja que ofrecerá a las personas jurídicas (Administración Local y empresas) y a las físicas es un ahorro de tiempo y costes en relación a la instancia actual, gestionada por la Junta de Andalucía. Ésta cobra 600 euros por cada recurso que se presenta, cifra que baja a la mitad si el municipio es de menos de 50.000 habitantes.

También se ha elaborado un estudio sobre la implantación de una central de compras provincial, que ofrecería la simplificación en la tramitación administrativa y ayudaría a reducir el gasto público, ya que se obtienen condiciones más ventajosas cuanto mayor es el volumen de la adquisición. El proceso de consulta a los municipios sobre la implantación de este órgano está en marcha.

A modo de resumen, la vicepresidenta primera y responsable de Economía y Hacienda de la Diputación ha resaltado la conversión de un organismo quebrado a uno inversor, que ha reducido las cargas bancarias y ha conseguido ejecutar más los presupuestos para convertirse en un apoyo fundamental para las economías y el progreso de los municipios.