La Diputación de Málaga destinará 3,1 millones de euros para sufragar parte del coste de las obras acogidas en la provincia al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) del periodo 2021-2022. La institución provincial, junto al resto de diputaciones andaluzas, ha firmado hoy en Sevilla un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía para la financiación del coste de los materiales de los proyectos de obras y servicios que se incluyan en ese programa.

El diputado de Fomento e Infraestructuras, Francisco Oblaré, y el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, han rubricado hoy el acuerdo que afecta a la provincia. El convenio establece que, para subvencionar los materiales, ambas administraciones invertirán en la provincia de Málaga 8.715.616,01 euros, de los que el 75% (6.536.712,01 euros) los aportará la Junta y el 25% restante (2.178.904 euros), la Diputación.

Además, la institución provincial realizará una aportación voluntaria de otros 968.401,78 euros para ayudar a los municipios a sufragar los proyectos, por lo que la aportación total de la Diputación de Málaga ascenderá a 3.147.305,78 euros.

El diputado de Fomento e Infraestructuras, Francisco Oblaré, destaca que este programa contribuye al desarrollo del medio rural. En este sentido, incide en que las obras y servicios que se financian por distintas administraciones permiten mejorar las infraestructuras y los equipamientos de los pueblos del interior, aumentando la calidad de vida de sus habitantes, y, de esta forma, se fomenta también la lucha contra la despoblación rural.

La Diputación asume la coordinación y gestión del Programa de Fomento de Empleo Agrario en los municipios malagueños, encargándose de la justificación final de los proyectos y, en buena parte, ayuda a los ayuntamientos a la redacción de las actuaciones. Igualmente, la institución provincial subvenciona la adquisición de materiales para realizar las obras junto con la Junta de Andalucía, mientras que el SEPE subvenciona los costes salariales y las cotizaciones empresariales, y los ayuntamientos se hacen cargo de otros costes de los proyectos.