La Diputación de Málaga ha alertado de que la falta de compromiso de la Junta de Andalucía hace peligrar la atención a los usuarios de Sagrado Corazón y Aspromanis.

La vicepresidenta tercera y responsable de Derechos Sociales, Ana Mata, ha asegurado que la institución provincial tiene reservados en sus presupuestos para este año 600.000 euros para hacerse cargo de estas personas, pero ha explicado que para gastar esas partidas necesita firmar un convenio con el Gobierno andaluz.

“El delegado provincial de Salud y Bienestar Social de la Junta, Daniel Pérez, sigue dando la espalda a estos pacientes y a sus familiares, y la situación se está haciendo insostenible”, ha indicado Mata, quien ha recordado que la Diputación se hace cargo de los 23 usuarios de estos dos centros a pesar de que las competencias corresponden al Gobierno andaluz.

La vicepresidenta ha asegurado que la institución provincial ha propuesto a la Junta suscribir un convenio de colaboración que evite la “incertidumbre” a los usuarios de estos centros, con objeto de dar una mayor seguridad a los pacientes y solventar los problemas administrativos que supone para la Diputación el hecho de hacerse cargo de unos gastos que legalmente no le corresponden desde que entró en vigor la Ley de Dependencia. “No podemos obviar la Ley”, ha subrayado.

Mata ha lamentado que la Junta de Andalucía “no sólo no se hace cargo de estas personas, creando el lógico malestar a sus familiares, sino que tampoco facilita que la Diputación de Málaga se haga cargo de ellas”.

La vicepresidenta ha insistido en que el delegado de Salud y Bienestar Social de la Junta no responde a los requerimientos de la Diputación relativos a la Ley de Dependencia y otros programas sociales, por lo que hay numerosos convenios y proyectos bloqueados.

Además, ha señalado que se ha informado detalladamente de las negociaciones al comité de empresa de los dos centros y ha apuntado que el Defensor del Ciudadano le ha recordado por carta al delegado Daniel Pérez el compromiso del pleno de la Diputación, en el que se le insta a la firma de ese nexo jurídico que permita la resolución del problema.

Por último, la vicepresidenta ha afirmado que, “frente a esta política de recortes que está desarrollando la Junta”, la Diputación mantiene el gasto social en sus presupuestos para 2013.