La vicepresidenta tercera y responsable de Ciudadanía de la Diputación de Málaga, Ana Mata, ha lamentado la “deslealtad institucional” del delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en Málaga, Daniel Pérez, a quien ha reprochado que “lleva meses eludiendo reunirse con los responsables de la institución provincial y, en cambio, ha mantenido un encuentro con un sindicato con el único objetivo de generar alarma entre los trabajadores” de las dos residencias de mayores que gestiona y financia la Diputación de Málaga: La Vega en Antequera y San Carlos, en Archidona.

En este punto, Mata ha afirmado que los 65 puestos de trabajo de estos centros están garantizados pese que las competencias en materia de dependencia corresponden a la Junta de Andalucía, institución a la que ha exigido que inicie un calendario para concertar las plazas de los usuarios tal y como establece la Ley de Dependencia aprobada en el año 2007.

“Estamos tapando las vergüenzas del Gobierno andaluz porque no podemos dejar desprotegidos a los mayores, que tanto nos necesitan”, ha manifestado la vicepresidenta, quien ha puesto como ejemplo la decisión de la Diputación de Málaga de asumir de manera íntegra los costes de atención a 17 usuarios de los centros de discapacitados Aspromanis y Sagrado Corazón hasta diciembre de 2015, que suponen un total de 380.000 euros anuales. “Nuestra prioridad son las personas”, ha insistido, al tiempo que ha subrayado la “obligación” de la Junta de Andalucía de cumplir con sus competencias.

Carta sin respuesta

La vicepresidenta ha informado de que el pasado 22 de abril le envió una carta a la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez, explicándole la necesidad de trabajar juntos y alcanzar acuerdos y convenios en materia social, especialmente tras la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

En la misiva, que no ha tenido respuesta, Mata solicita una reunión con la consejera, o con quien delegue, para tratar asuntos relacionados con la gestión de los centros de atención especializada, las dos residencias de mayores, los usuarios de Aspromanis y Sagrado Corazón, el centro de Alzhéimer y el centro de Drogodependencia.

“Entendemos que una planificación seria y responsable debe ir de la mano de la Administración autonómica, por lo que es necesario que planifiquemos juntos los recursos públicos de manera razonable y eficaz”, ha indicado.

En este punto, ha recordado que la mencionada ley de reforma de la Administración Local obliga a la Junta a asumir sus competencias en materias sociales como máximo a fecha 31 de diciembre de 2015.

Plazas vacantes

La vicepresidenta ha denunciado el abandono por parte de la Junta de Andalucía en políticas sociales y ha lamentado que haya plazas vacantes en las residencias de mayores del Gobierno andaluz, pese al importante crecimiento de la demanda, porque no se han concertado nuevas plazas ni se han firmado convenios con centros públicos o privados.

Así, ha insistido en que la Diputación de Málaga sigue a la espera de que la Junta ofrezca una solución a las dos residencias que gestiona la institución provincial pese a tratarse de competencias impropias. En el caso de la residencia La Vega de Antequera, ha señalado que ya está acreditada, a falta de firmar un convenio con el Gobierno andaluz que permita la entrada de nuevos usuarios, mientras que a la residencia San Carlos de Archidona podrían derivarse mayores sin recursos económicos, según el decreto de exclusión del año 2008.

“Apelo a la responsabilidad institucional para que se arbitren medidas de coordinación entre ambas administraciones, de modo que podamos ofrecer una respuesta adecuada a las demandas de los ciudadanos”, ha manifestado Mata.

Por último, la vicepresidenta ha recordado que PSOE e IU rechazaron en un pleno de la Diputación de Málaga la creación de una comisión mixta para abordar la gestión y el progresivo concierto de plazas por parte de la Junta de Andalucía, moción que finalmente pudo aprobarse gracias a los votos del equipo de gobierno.

A partir de esta negativa, la Diputación y los representantes sindicales han puesto en marcha un calendario de trabajo para analizar y realizar diferentes propuestas sobre todos estos asuntos.