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La Diputación adelanta la liquidación de su deuda con los bancos y la dejará a cero en junio

Diputación de Málaga

La Diputación adelanta la liquidación de su deuda con los bancos y la dejará a cero en junio

En siete años se han abonado unos débitos de unos 300 millones de euros a entidades financieras y proveedores

El secretario de Estado de Hacienda destaca que la institución provincial es un referente a nivel nacional

La Diputación de Málaga liquidará la deuda con los bancos antes de lo previsto y conseguirá saldarla en el primer semestre de este año. Así lo ha anunciado hoy el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, tras un encuentro que ha mantenido con el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, al que ha expuesto la evolución de las cuentas de la institución.

Bendodo ha destacado que se consigue adelantar casi un año el compromiso de alcanzar la deuda cero, incidiendo en que “es una magnífica noticia para los malagueños, porque supondrá dejar de pagar intereses financieros, de pagar dinero a los bancos, dedicando ese dinero a más inversiones y obras”.

El presidente de la Diputación ha recordado que en junio de 2011, cuando tomó posesión el equipo de gobierno del PP, la deuda financiera superaba los 220 millones de euros, a los que se añadían otros débitos de 50 millones de euros a proveedores y unos 15 millones a la Seguridad Social.

Elías Bendodo ha resaltado que en siete años se ha conseguido enjugar toda la deuda acumulada, de casi 300 millones, “dando prioridad, inicialmente, al pago a proveedores y, posteriormente, demostrando que la Diputación de Málaga está bien gestionada y saneada económicamente”.

Al respecto, el secretario de Estado de Hacienda ha felicitado el trabajo realizado por el equipo de gobierno de la Diputación de Málaga cumpliendo con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que le permitirá lograr la deuda cero en unos meses. Y ha añadido que esta institución es, además, un referente en el conjunto de España en el periodo medio de pago a los proveedores.

José Enrique Fernández de Moya se ha reunido, junto a Elías Bendodo, con el alcalde de Benahavís, José Antonio Mena, y con la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Estepona Pilar Fernández-Figares.

El secretario de Estado ha explicado que en el caso de la reunión con el alcalde de Benahavís se ha abordado el Decreto Ley que se negocia con la FEMP cara a la reinversión del superávit municipal y a la ampliación de los grupos de programas de inversión que se incluirán en las inversiones financieramente sostenibles.

El propósito es concluir este mes el contenido del decreto Ley, que permitirá a los municipios seguir gastando su dinero en las preocupaciones, inquietudes y necesidades de sus ciudadanos.

En el caso de Estepona, ha destacado que el Ayuntamiento ha conseguido la liquidación completa de las deudas heredadas del año 2011 con la Agencia Estatal de Administración Tributaria con un ingreso cercano a 1,8 millones de euros realizado en enero.

Apuesta del Gobierno por el municipalismo

Fernández de Moya se ha referido a la apuesta del Gobierno de España por los ayuntamientos y el municipalismo, que se refleja en el último acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, del pasado 25 de enero, asignando 577,2 millones de euros a los 168 ayuntamientos del Estado que habían solicitado su adhesión al Fondo de Ordenación (para ayuntamientos que se encuentran en riesgo financiero o que no pueden refinanciarse) o al Fondo de Impulso Económico, dirigido a municipios que cumplen con la sostenibilidad financiera y que tienen un periodo medio de pago a proveedores inferior a 30 días.

Del total de municipios que han sido incluidos, 71 son de Andalucía y cinco de Málaga: Alozaina, Cortes de la Frontera, Guaro, Pizarra y Rincón de la Victoria. A estos cinco, los fondos destinados han sido de 3,7 millones de euros.

Además, el secretario de Estado ha comentado la importancia que tuvo el Plan de Pago a Proveedores, que en la provincia supuso una inyección de liquidez de 416,6 millones de euros en 86 municipios que se acogieron al plan. Esto permitió el abono de 100.000 facturas, de las que el 66 por ciento correspondieron a pagos efectuados a pequeñas y medianas empresas.