La diputación provincial es la institución a la que la Constitución de 1978 encomienda el gobierno y la administración de los municipios de la provincia. Como entidad administrativa y gestora local, ha cumplido desde su origen en el s.XIX, al igual que otras instituciones públicas, un destacado papel en la conformación del estado liberal, así como un importante eslabón en el camino hacia lo que hoy entendemos por estado democrático, función pública y distribución territorial.

Su importancia como institución local intermedia, la adquiere a partir de la Constitución Española de 1978, que encomienda el gobierno de la provincia a las diputaciones provinciales. Distintas disposiciones legales han regulado las relaciones institucionales entre las diputaciones provinciales y la Comunidad Autónoma de Andalucía y han especificado su ámbito de actuación y las competencias, con respecto a los ayuntamientos de provincia, para garantizar la prestación de los servicios de asesoramiento y cooperación a todos los ciudadanía de su territorio, y fomentar los intereses generales de la provincia.