Surgen las Diputaciones Provinciales en los albores del s.XIX y en un contexto donde tres elementos claves van a determinar profundas consecuencias posteriores. Por un lado, la crisis del Antiguo Régimen, de otro, el desgaste de recursos humanos y materiales que supuso la Guerra de Independencia y por último, la promulgación de la Ley de leyes “La Constitución Gaditana de 1812”. Todo ello, en el marco de las nuevas ideas liberales que empiezan a ver la luz en el solar hispano y por extensión en el malagueño, oponiéndose a los caducos valores y a la anacrónica situación política anterior.

Este espíritu liberal y de Reforma Administrativa, va a permanecer presente con grandes dificultades durante la primera mitad del s.XIX, pese a los distintos intentos de restaurar los principios del Antiguo Régimen. Igualmente, esta tensión de fuerzas, entre las viejas ideas y las nuevas, se mantendrá prácticamente hasta la muerte de Fernando VII, que propiciará una nueva Constitución. A la par, el último ordenamiento territorial impulsado por el Ministro de Fomento, Javier de Burgos que, mediante decreto dictado el 30 de noviembre de 1833, lleva a cabo la División Territorial de España en 49 provincias, que con algunos retoques posteriores será la que se mantenga hasta hoy. No obstante esta distribución territorial tiene sus antecedentes en el s.XVIII, cuando el mapa de España se configuraba en reinos y posteriormente en intendencias, departamentos, partidos, provincias marítimas, etc.

Por último, en ese período del s.XIX, también se produce la tercera y última instauración de las diputaciones provinciales, concretamente el 21 de septiembre de 1835, cuando se promulga el Real Decreto sobre el modo de constituir y formar las diputaciones, y por fin el 20 de diciembre de 1835 se instituiría definitivamente la Corporación Provincial de Málaga, como queda reflejado en el libro capitular del Ayuntamiento (vol. 234, fol. 326 y 327 v.). No obstante, y aunque anteriormente ya estuvo ejerciendo como tal, a partir de 1820 por un corto periodo, no sería hasta la fecha citada cuando la Institución provincial se encargaría ininterrumpidamente, con mayor o menor autonomía y atribuciones, de promover y fomentar el desarrollo económico, social y cultural de todos los pueblos que se asentaban en su nueva demarcación territorial.