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Ana Mata y los familiares de 25 usuarios de los centros de Sagrado Corazón y Aspromanis exigen a la Junta que cumpla y abone su cobertura asistencial

Diputación de Málaga
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Ana Mata y los familiares de 25 usuarios de los centros de Sagrado Corazón y Aspromanis exigen a la Junta que cumpla y abone su cobertura asistencial

La Diputación sufraga los 621.000 euros de la atención a estas personas, aunque es competencia del gobierno andaluz según la Ley de Dependencia

La vicepresidenta Ana Mata, responsable del Área de Derechos Sociales de la Diputación, ha exigido a la Junta de Andalucîa que asuma su compromiso con 25 usuarios discapacitados de las residencias de Aspromanis y las Hermanas Hospitalarias Sagrado Corazón de Jesús y sufrague su cobertura asistencial conforme a la Ley de Dependencia. En la actualidad es la Diputación la que abona esta atención, pese a no ser su competencia ni disponer de financiación especîfica para ello.

Mata ha mantenido un encuentro con familiares de los internos al que tambiên han asistido la diputada de Centros de Atención Especializada, Emiliani Jimênez, y el Defensor del Ciudadano, Francisco Gutiêrrez. En este acto se ha aportado acta e informe de la reunión celebrada el 23 de noviembre de 2011 con la entonces delegada provincial de Bienestar Social de la Junta, en la que manifestaba su compromiso para solucionar la situación en el presente año 2012.

En este sentido, tanto Mata como los familiares de los usuarios han instado al actual delegado de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucîa en la provincia, Daniel Pêrez, a mantener “una reunión urgente conjunta” para tratar la firma de los expedientes necesarios para que las plazas de estos pacientes sean concertadas por el ejecutivo andaluz.

Convenios que vencen el próximo mes de diciembre

La vicepresidenta ha recordado que hace un año la institución firmó dos convenios por valor de 620.865 euros para atender a estas 25 personas, con fecha de vencimiento el próximo mes de diciembre, “para evitar que quedaran desatendidas y con la confianza de que el gobierno andaluz ampliase las plazas concertadas y se hiciera cargo de ellas”.

“La Diputación se ve obligada a hacer frente a unos gastos impropios para evitar que esas personas queden desatendidas, a pesar de que la competencia corresponde a la Junta de Andalucîa”, ha reiterado la responsable de Derechos Sociales. Además, ha lamentado que el ejecutivo regional “siga sin dar respuesta a las peticiones que realizamos de forma reiterada, la última en una reunión celebrada el pasado 3 de octubre”.

Mata ha reprochado a Pêrez que, a punto de iniciarse diciembre, no haya ninguna respuesta y que lo único que han recibido estos usuarios haya sido silencio: “La irresponsabilidad y falta de lealtad institucional es el modo de hacer de la Junta, a la que no le preocupan ni los empleos en los distintos centros ni la angustia de los internos ni de sus familiares”.

Unos familiares, ha señalado la vicepresidenta, que piden que sus seres queridos no sean trasladados de estas residencias, donde llevan algunos hasta 30 años, a otros centros de la provincia, “ante el perjuicio que dicho cambio de entorno puede ocasionarles”.

Por ello, Mata ha pedido al delegado de Salud y Bienestar Social “que ponga fin a esta situación y que evite la angustia que estas familias están sufriendo ante la incertidumbre y falta de respuesta comprometida por la Junta”.

La Diputación de Málaga mantiene 185 plazas en una competencia impropia. “No sabemos cuánto tiempo vamos a soportar esta situación, porque cada administración debe hacerse cargo de sus competencias con la financiación que se le acompañe”, según Mata. La vicepresidenta ha exigido que los presupuestos de la Junta, en fase de aprobación, contemplen los compromisos adquiridos en años anteriores.